El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos instaló una comisión técnica encargada de realizar una revisión integral de las normas vinculadas con la lucha contra la criminalidad en el país. La sesión inaugural estuvo encabezada por el ministro Ernesto Álvarez y contó con la participación de representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y especialistas del ámbito académico.
Durante la primera reunión, los integrantes del denominado Grupo de Trabajo Sectorial establecieron una agenda de normas que serán analizadas en las próximas sesiones. La iniciativa busca identificar posibles vacíos, contradicciones o dificultades en la aplicación de la legislación penal y procesal, en un contexto marcado por cuestionamientos de fiscales y diversas instituciones sobre las herramientas disponibles para enfrentar al crimen organizado.
Entre los temas que serán sometidos a evaluación figuran la normativa sobre crimen organizado y colaboración eficaz, además de las disposiciones relacionadas con los delitos de lesa humanidad, los plazos de prescripción de la acción penal y las sanciones aplicables a magistrados. También se revisará la eliminación de la detención preliminar policial y otros cambios legislativos que han generado debate en los últimos años.
VIGENCIA DE 30 DÍAS HÁBILES
La comisión fue creada mediante la Resolución N.° 311-2026-JUS y tendrá inicialmente una vigencia de 30 días hábiles, con posibilidad de prórroga. Sus integrantes trabajarán ad honorem y deberán presentar informes periódicos con propuestas de modificación o actualización normativa. La Dirección General de Asuntos Criminológicos tendrá a su cargo la secretaría técnica y elaborará el informe final, mientras que el funcionamiento del grupo será financiado con el presupuesto institucional del propio ministerio.
