El Pleno del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ejecutivo contra la Ley 31232, norma que modificaba los criterios para la reubicación de pobladores de Belén, en Loreto.
Con esta sentencia, el máximo órgano autónomo de interpretación y control de la Constitución estableció que los congresistas no pueden aprobar proyectos que afecten el presupuesto público sin seguir reglas específicas que garanticen el equilibrio fiscal.
El fallo reconoce la preeminencia del Ejecutivo en la conducción de las finanzas del Estado y establece que toda iniciativa parlamentaria con impacto económico deberá cumplir con nuevos requisitos de forma y fondo. Los legisladores deberán coordinar previamente con el Gobierno para asegurar la viabilidad presupuestal de sus propuestas.
Requisitos obligatorios
Según la resolución, los proyectos de ley deberán indicar de manera explícita la fuente de financiamiento, ya sea mediante nuevos ingresos o reasignación de partidas. Además, las comisiones del Congreso no podrán emitir dictámenes sin contar con un informe de sostenibilidad fiscal elaborado por el Ejecutivo, que actuará como asistente técnico del Parlamento.
Propuestas de gasto y votación
Las propuestas de gasto deberán priorizar necesidades sociales básicas y ejecutarse de manera progresiva en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. El fallo fue aprobado con los votos de los magistrados Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez, mientras que Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez votaron en contra.
