El Congreso de la República abrió un nuevo frente político contra el Ejecutivo tras la presentación de una moción de censura contra la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, a quien se le atribuye responsabilidad política en el proceso de reorganización de Petroperú, considerado por sus detractores como un “desmantelamiento” de activos estratégicos del Estado.
DECRETO DE URGENCIA BAJO LA LUPA
La iniciativa fue impulsada por la congresista Heidy Juárez, integrante de la bancada de Podemos Perú, quien cuestiona la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025 que autoriza la reorganización de los activos de Petroperú “en uno o más bloques patrimoniales”. Según el documento, esta medida habría generado un grave perjuicio económico y social al Estado peruano y, de manera particular, a la región Piura.
La moción señala que la ministra, como titular del Ministerio de Economía y Finanzas, debe asumir responsabilidad política por lo que califica como una vulneración a las rentas de las regiones productoras y a la seguridad energética nacional. En ese sentido, se advierte que la reorganización compromete la viabilidad operativa de la empresa estatal a largo plazo.
REFINERÍA DE TALARA
Uno de los puntos más críticos del documento es la autorización para transferir S/ 240 millones desde el Ministerio de Energía y Minas para financiar la reorganización interna y medidas de personal, recursos que, según la moción, estaban destinados a proyectos de irrigación, electrificación rural, saneamiento y conectividad vial. Para los impulsores de la censura, este traslado profundiza las brechas sociales del país.
Asimismo, se cuestiona la obligación impuesta a Petroperú de transferir S/ 144 millones a Proinversión para gestionar y eventualmente enajenar activos, lo que reduciría el valor patrimonial de la empresa. El documento también advierte riesgos para la continuidad de la Nueva Refinería de Talara, cuya paralización afectaría el abastecimiento de combustibles y el dinamismo económico del norte del país.
La moción de censura agrega que el decreto permitiría la culminación discrecional de contratos de explotación, generando una paralización técnica de pozos en el noroeste peruano y una caída irreversible de ingresos para gobiernos locales, regionales y universidades. Además, se acusa a la ministra de promover una supuesta tercerización laboral masiva y precaria, poniendo en riesgo la estabilidad de miles de trabajadores y PYMES vinculadas a la cadena de hidrocarburos.
