Renovación Popular solicitó al Poder Judicial el archivo y su exclusión del proceso que se le sigue, en su condición de persona jurídica, por el caso Lava Jato por presunto favorecimiento al lavado de activos.
A través de su defensa legal, el partido presentó un recurso de excepción de prescripción con el que busca que se disponga el archivo del proceso penal. El partido funda su pedido en el Código Procesal Penal y argumenta que, por el vencimiento de los plazos, la acción penal debería haberse extinguido.
El despacho del juez Víctor Alcocer Acosta admitió el recurso y programó una audiencia virtual para el jueves 8 de enero de 2026 a las 11:00 a. m. En dicha audiencia, las partes procesales evaluarán la solicitud para emitir una decisión posterior. El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso correr traslado del pedido al Ministerio Público.
Defensa de Renovación Popular
Renovación Popular, que cambió su denominación de Solidaridad Nacional en octubre de 2020, sostiene que su exclusión es viable. Alega que la fiscalía no consideró adecuadamente las modificaciones de la Ley 32054, la cual establece que las organizaciones políticas solo pueden ser sancionadas bajo el régimen de la Ley de Organizaciones Políticas y no están sujetas a ciertas consecuencias penales.
Presuntos aportes ilícitos
Los hechos investigados se vinculan a la presunta recepción de aportes ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS, destinados a financiar campañas electorales en 2011 y 2014, cuando la organización política se denominaba Solidaridad Nacional. Entre los coinvestigados se encuentran el actual congresista José Luna Gálvez y la exconsultora municipal Giselle Zegarra Flores.
