El Gobierno peruano solicitará al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que requiera una opinión consultiva al Comité Jurídico Interamericano, con el fin de precisar cómo debe aplicarse la Convención de Caracas. Así lo confirmó el canciller Hugo de Zela en una entrevista a El Comercio, quien advirtió que la figura del asilo no puede convertirse en una vía para evadir procesos penales comunes. La iniciativa surge en medio de la controversia por el caso de Betssy Chávez, ex primera ministra, actualmente refugiada en la embajada de México.
OEA y Convención de Caracas: el debate sobre el uso correcto del asilo
De Zela adelantó que, en un plazo aproximado de dos semanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá concluido el proyecto de resolución que planteará la consulta jurídica. Antes de presentarlo, Perú realizará un sondeo informal entre delegaciones para evaluar el respaldo regional. El canciller indicó que se espera que el Consejo Permanente acepte el pedido, lo que permitiría iniciar una discusión formal sobre la práctica del asilo diplomático.
Según explicó el ministro, el objetivo es que el Comité Jurídico determine si la Convención de Caracas —vigente desde mediados del siglo XX— está siendo aplicada adecuadamente, qué alcances tiene en la coyuntura actual y si sería necesaria alguna modificación para asegurar su correcta interpretación. Esta revisión, considera el Gobierno peruano, es clave para preservar la esencia del asilo y evitar que se distorsione su finalidad.
En tanto, el otorgamiento del salvoconducto solicitado por la embajada de México para que Betssy Chávez abandone el país sigue sin resolverse. De Zela sostuvo que aún no se ha adoptado una decisión definitiva, mientras continúa la evaluación del caso. Chávez fue sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo.
