ONU cuestiona presiones contra la fiscal Delia Espinoza en Perú por parte del Congreso

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación ante una serie de acciones que, según la organización, comprometerían la autonomía de la fiscal suprema Delia Espinoza. La relatora especial sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, advirtió que las medidas adoptadas en su contra —que van desde procesos disciplinarios acelerados hasta recortes en su seguridad— podrían constituir intentos de obstaculizar su labor como titular del Ministerio Público.

Ataques a la independencia judicial en el Perú

Satterthwaite recordó que en septiembre se inició un proceso disciplinario contra Espinoza, el cual concluyó con su suspensión por seis meses tanto como Fiscal General de la Nación como Fiscal Suprema. No obstante, un tribunal determinó posteriormente que dicho procedimiento vulneró garantías básicas del debido proceso y ordenó su reposición. Pese a ello, la resolución judicial continúa sin ejecutarse, lo que incrementó la preocupación de la relatora.

La experta también cuestionó la decisión de la Junta Nacional de Justicia de abrir una investigación por abuso de autoridad contra el magistrado que ordenó la reincorporación de Espinoza. Según afirmó, los jueces no pueden enfrentar represalias por el contenido de sus fallos. A ello se suma que, el 25 de noviembre, la Comisión Permanente del Congreso aprobó una moción que propone inhabilitar a Espinoza por una década para asumir cualquier cargo público, una medida que, en palabras de Satterthwaite, refleja la escalada de presiones.

La relatora insistió en que los estándares internacionales de derechos humanos obligan a los Estados a proteger a fiscales y jueces de interferencias, hostigamiento o amenazas que puedan afectar su trabajo. Subrayó que la independencia judicial es un pilar irrenunciable en cualquier democracia y exhortó al Estado peruano a cesar cualquier intento de interferir en el funcionamiento del sistema de justicia. Las observaciones fueron remitidas formalmente a las autoridades peruanas.