Política

Hace 2 horas

Congreso: proponen hasta 10 años de cárcel por cubrirse el rostro durante protestas

La congresista Elizabeth Medina, de Somos Perú, presentó un proyecto de ley que busca sancionar el ocultamiento del rostro y el uso de menores o personas con discapacidad durante manifestaciones.

Foto: Getty Images.



El Congreso vuelve a debatir medidas sobre las protestas sociales. La parlamentaria Elizabeth Medina Hermosillo (Somos Perú) presentó un proyecto de ley que plantea penas de hasta 10 años de prisión para quienes se cubran total o parcialmente el rostro durante una movilización o marcha en la que se produzcan disturbios. La iniciativa también propone sanciones a quienes involucren a menores de edad o personas con discapacidad en este tipo de manifestaciones.

PENAS PROPUESTAS

El Proyecto de Ley Nº 13104/2025-CR, ingresado el 6 de noviembre al Congreso de la República, propone modificar los artículos 315° y 452° del Código Penal. De aprobarse, se considerará agravante cubrirse el rostro total o parcialmente durante una protesta, con penas que irían de ocho a diez años de prisión y multas de 365 a 500 días.

Asimismo, plantea sanciones alternativas para quienes oculten su identidad o lleven a menores y personas con discapacidad a manifestaciones donde se cometan desmanes: entre 20 y 40 jornadas de servicio comunitario o 60 a 90 días-multa. Según el texto, la norma busca “evitar la impunidad y garantizar la identificación de quienes cometen delitos en contextos de protesta social”.

"LEYES ANTIMÁSCARA"

El documento cita experiencias de países como Chile, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Francia, Reino Unido y Suecia, que cuentan con “leyes antimáscara” para impedir el ocultamiento del rostro en marchas y concentraciones públicas. Medina sostiene que el derecho a la protesta está reconocido en la Constitución Política del Perú, pero no es ilimitado, y que debe sancionarse cuando se incurre en actos violentos o se atenta contra la autoridad.

La iniciativa surge tras las manifestaciones registradas entre fines de 2022 y octubre de 2025, periodo en el que se documentaron múltiples disturbios. La congresista considera que incluir estos agravantes en el Código Penal permitiría sancionar los delitos cometidos en protestas y “garantizar que no queden impunes”.


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