La Junta Nacional de Justicia (JNJ) activó el procedimiento administrativo para reponer a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por el Noveno Juzgado Constitucional de Lima. La decisión judicial dejó sin efecto la suspensión temporal que la JNJ había impuesto en el marco de un proceso disciplinario.
MANDATO JUDICIAL
El documento oficial, emitido el 17 de octubre y firmado por la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, dispone recabar la Resolución Judicial Nº 5 del expediente constitucional y coordinar con la Procuraduría Pública la validación de la notificación de la resolución. Con ello, la Junta Nacional de Justicia busca cumplir con el plazo legal de cinco días hábiles establecido para acatar la orden judicial.
El mandato del Noveno Juzgado Constitucional, emitido el 13 de octubre, declaró fundada la medida cautelar presentada por Espinoza, ordenando suspender los efectos de la Resolución Nº 231-2025-JNJ, que disponía su suspensión por seis meses. El juez determinó que la magistrada debía continuar en sus funciones conforme al acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que formalizó su designación como fiscal de la Nación.
CONFLICTO INSTITUCIONAL
Delia Espinoza interpuso una acción de amparo tras su suspensión, alegando que la JNJ carece de competencia para designar o cesar al fiscal de la Nación, atribución que, según la Constitución, corresponde a la Junta de Fiscales Supremos. Además, denunció presuntos actos de coacción durante el proceso de notificación de las resoluciones que ordenaron su retiro y la reposición de su antecesora, Liz Patricia Benavides.
El conflicto entre ambas instituciones ha reavivado el debate sobre la independencia de funciones entre órganos constitucionales. Mientras la JNJ sostiene que actuó dentro de sus facultades disciplinarias, el Poder Judicial exige el respeto a las garantías constitucionales de la magistrada.
La reposición de Espinoza será formalizada una vez concluido el trámite administrativo, lo que la habilitará nuevamente para ejercer como fiscal de la Nación. No obstante, la medida tiene carácter provisional y estará vigente hasta que el Poder Judicial emita un pronunciamiento definitivo sobre la demanda de amparo.
La Junta Nacional de Justicia podría apelar la decisión o presentar recursos ante instancias superiores, pero está obligada a acatar el mandato mientras tanto. El caso se ha convertido en un nuevo capítulo del debate sobre los límites de control entre la JNJ y el Ministerio Público, y sobre la autonomía institucional en el sistema de justicia peruano.
