El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) para suspender las resoluciones del Poder Judicial respecto al caso de la organización política Unidad Popular.
La Procuraduría Pública del JNE, representada por el abogado constitucionalista Víctor García Toma, argumenta que "existe un vicio competencial", pues un juzgado ordinario habría excedido sus atribuciones al desconocer la distribución de competencias entre poderes, vulnerando la Constitución y el precedente del caso Lizana Puelles (2005).
Impacto en el calendario electoral
El recurso solicita que el TC ordene al Poder Judicial abstenerse de emitir resoluciones que modifiquen el cronograma electoral establecido. García Toma advirtió que incluir a Unidad Popular, liderada por el expresidente del Poder Judicial Duberlí Rodríguez, obligaría al JNE a reformular las fechas del proceso, cuyo cierre del padrón electoral está previsto para el 14 de octubre, con primera vuelta en abril y eventual segunda vuelta el 7 de junio de 2025.
Plazos procesales y argumentación
El constitucionalista explicó que este fin de semana se cumplen los 10 días para la admisión a trámite de la medida cautelar, tras lo cual seguirían las etapas de contestación y convocatoria a proceso.
Subrayó que el TC ya estableció en 2005 que las acciones de amparo en materia electoral no deben "interrumpir ni impedir el normal desarrollo del cronograma", añadiendo que tienen "absoluta seguridad" de que el tribunal acogerá el pedido por varias razones jurídicas.
Inscripciones provisionales y norma derogada
García Toma destacó que el TC ha precisado que el JNE es el "supremo intérprete en materias constitucionales electorales" y recordó que desde 2022 ya no existen inscripciones provisionales de partidos, según la Ley de Organizaciones Políticas. Advirtió que el Tercer Juzgado Constitucional de Lima se habría valido de una norma derogada, hecho verificable en el expediente.
