Juan José Santiváñez juró este sábado como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos en Palacio de Gobierno, marcando su retorno al Gabinete de Dina Boluarte tras haber sido censurado meses atrás en el Congreso cuando encabezaba la cartera del Interior. Su designación ha reavivado la polémica, pues el Parlamento lo retiró del cargo el pasado 21 de marzo con 79 votos a favor debido a lo que calificaron como su “incapacidad en el cargo” para enfrentar la ola de criminalidad.
Lejos de desligarse del Ejecutivo tras su censura, Santiváñez fue designado en abril como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, un puesto en el que también fue cuestionado por supuestas reuniones con alcaldes que luego habrían recibido fondos públicos, además de contactos previos con el actual ministro del Interior, Carlos Malaver. Ahora, cinco meses después, su regreso como titular de Justicia ha sido visto como un acto de desafío hacia el Parlamento.
Las reacciones no se hicieron esperar. Alejandro Cavero (Avanza País) calificó su designación como “una burla al país”, mientras que Susel Paredes (Bloque Democrático Popular) la consideró “una provocación al Congreso y una necedad”. En la misma línea, Sigrid Bazán sostuvo que la presidenta actúa con “descaro” al reincorporar a un ministro previamente censurado por “incapaz”.
Otras voces también se sumaron al rechazo. Ruth Luque advirtió que su presencia en el Minjus confirma que el gobierno seguirá un camino de “impunidad y autoritarismo”, mientras que Silvana Robles (Bancada Socialista) lo calificó como “inaceptable” por tener investigaciones pendientes. Para Margot Palacios, en tanto, su retorno es un “premio a la incapacidad” que refleja la crisis política que atraviesa el Ejecutivo.
NUEVA POLÉMICA
De esta manera, el nombramiento de Juan José Santiváñez ha abierto un nuevo frente de confrontación entre el Congreso y el Gobierno. Mientras el oficialismo defiende la potestad de la presidenta para elegir a sus ministros, en la oposición se considera que este retorno no solo es una afrenta a la institucionalidad, sino también una muestra del debilitado equilibrio entre poderes que atraviesa el país.
