Vizcarra sería trasladado a penal de Lurigancho tras anulación de resolución del INPE

Un nuevo capítulo en la situación judicial de Martín Vizcarra se abrió este jueves 21 de agosto, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anulara la resolución que dispuso su ingreso al penal de Barbadillo. La entidad trasladaría al exmandatario al penal de Lurigancho, donde deberá cumplir los cinco meses de prisión preventiva ordenados por el Poder Judicial.

IRREGULARIDADES EN LA CLASIFICACIÓN PENITENCIARIA

Según la resolución directoral, documento al que tuvo acceso La República, la Junta Técnica de Clasificación incurrió en irregularidades al asignar a Vizcarra a Barbadillo, establecimiento que no figura como destino válido para internos en proceso. El documento precisa que el exjefe de Estado obtuvo un puntaje de 10 en la ficha de clasificación, lo que corresponde a su ubicación en Lurigancho de acuerdo con la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP.

Ante esta situación, el INPE conformó una nueva comisión integrada por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social, quienes evaluarán nuevamente el caso. 

PROCESOS JUDICIALES Y ACUSACIONES EN CURSO

Vizcarra cumple prisión preventiva por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, en los que la Fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos por S/2.3 millones de empresas constructoras como ICCGSA y Obrainsa. El juez Jorge Chávez Tamariz ordenó su encarcelamiento al considerar que existía peligro de fuga y falta de arraigo familiar y laboral.

De acuerdo con la tesis fiscal, el exmandatario habría recibido pagos ilícitos a cambio de favorecer a las compañías en licitaciones millonarias. El Ministerio Público ha solicitado una condena de 15 años de prisión e inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos.

El INPE aclaró que la decisión no responde a presiones políticas y que la presidenta Dina Boluarte no tuvo injerencia en el proceso. La medida, recalca la institución, responde a criterios técnicos y legales para garantizar la seguridad y el debido cumplimiento de la prisión preventiva del expresidente, cuyo futuro político se ve cada vez más comprometido.