El proceso de diálogo entre el Ejecutivo y los gremios de la minería artesanal enfrenta un nuevo impasse. La Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeños Productores Mineros del Perú (Confemin) decidió retirarse de la mesa técnica de formalización, tras mostrarse en desacuerdo con el plazo de 90 días establecido para tramitar la autorización de uso de explosivos. Según sus dirigentes, el gobierno de Dina Boluarte no está atendiendo las demandas del sector, lo que pone en riesgo la participación de más de 25 mil mineros en el proceso.
Reclamos por exigencias imposibles de cumplir
Durante la última sesión en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el presidente de Confemin, Máximo Franco Bequer, cuestionó duramente al Ejecutivo por no considerar la realidad de los pequeños mineros, quienes —según denunció— no cuentan con infraestructura adecuada, como polvorines para almacenar explosivos. Bequer advirtió que la norma vigente podría dejar fuera del proceso a decenas de miles de trabajadores, y anunció que las bases del gremio se reunirán para evaluar una posible reactivación de protestas si no se atienden sus demandas antes del 17 de agosto.
Frente a este escenario, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, lamentó el retiro de los gremios y aclaró que el Ministerio de Energía y Minas publicará en los próximos días una resolución que precisará el verdadero alcance del decreto observado. Aseguró que no se eliminará el requisito, pero sí se aclarará cómo será verificado, dado que los gobiernos regionales aún no tienen información suficiente para aplicarlo. Arana también acusó a los dirigentes de expresar posturas distintas en público y durante las reuniones.
Pese a las tensiones, el Ejecutivo aseguró que el proceso de diálogo continuará con los demás actores de la mesa técnica. Además, reafirmó que no cederá ante presiones y que la lucha contra la minería ilegal seguirá firme. Entre los consensos alcanzados en las sesiones previas figuran el acompañamiento técnico a más de 30 mil mineros en vías de formalización y la elaboración de una nueva propuesta de Ley Mape, que será debatida en la Comisión de Energía y Minas del Congreso próximamente.
