Desde el inicio de las protestas sociales en 2022, la administración de la presidenta Dina Boluarte ha enfrentado un escrutinio intenso por su enfoque en el control del orden público. En un reciente pronunciamiento, el abogado de la mandataria ha asegurado que “la presidenta instruyó el control del orden público respetando los derechos humanos” durante esos episodios de movilización ciudadana. Esta declaración busca contrarrestar las acusaciones de excesos en la respuesta estatal, especialmente tras los enfrentamientos que dejaron decenas de víctimas, según reportes de organizaciones internacionales.
Defensa legal en medio de controversias
El abogado de Boluarte ha enfatizado que las directrices de la presidenta se alinearon con un marco de respeto a las libertades fundamentales, en un intento por aclarar su rol ante las investigaciones en curso. “Las instrucciones fueron claras para que las fuerzas del orden actuaran dentro de la ley”, afirmó el representante legal, destacando que cualquier incidente violento no refleja las órdenes emitidas. Sin embargo, esta postura choca con críticas de grupos de derechos humanos, quienes han documentado casos de abuso y han pedido una investigación independiente sobre la gestión gubernamental.
La tensión alrededor de este tema se ha intensificado debido a los informes que señalan la muerte de al menos 50 personas y más de 1,400 heridos durante las protestas, según datos recopilados por Amnistía Internacional. Estas cifras han avivado el debate sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas, colocando a la presidencia en el centro de un conflicto legal y ético que podría definir su legado. El abogado sostiene que “se tomaron medidas para proteger tanto la seguridad como los derechos”, pero la veracidad de esta afirmación sigue siendo evaluada por las autoridades judiciales.
Con las investigaciones avanzando, el futuro de Boluarte y su equipo depende de cómo se interpreten estas instrucciones iniciales. Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han exigido transparencia y acceso a los registros de las operaciones policiales, mientras el gobierno busca defender su postura. Hasta que se resuelvan estas acusaciones, el manejo de las protestas de 2022 seguirá siendo un punto crítico en la agenda nacional.
