Este viernes 18 de julio se llevará a cabo la segunda sesión de la mesa de trabajo convocada por el Ejecutivo para avanzar con el proceso de formalización minera. La cita, programada para las 10:00 a.m. en Palacio de Gobierno, contará con la presencia de autoridades de alto nivel, incluyendo al presidente del Congreso de la República, la titular del Poder Judicial, y al defensor del pueblo. Esta vez, también participará el Ministerio Público, luego de haber sido excluido de la primera reunión, hecho que generó críticas por parte de la fiscal de la Nación.
Tres metas centrales y nuevos actores en la discusión
El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, detalló que el espacio de diálogo tendrá ocho sesiones en total, enfocadas en aspectos técnicos que comienzan a discutirse desde hoy. Entre los principales objetivos, destacó la necesidad de definir estrategias más eficaces para formalizar a los más de 31 mil inscritos en el Reinfo; la elaboración de una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal que tenga un enfoque a largo plazo; y la incorporación de derechos laborales para los trabajadores actualmente excluidos de beneficios como salud o seguridad ocupacional.
Además, Jorge Montero informó que el Ejecutivo actuará como mediador entre mineros en proceso de formalización y titulares de concesiones, a fin de facilitar acuerdos de explotación. Señaló que esta medida busca integrar al sector minero bajo un esquema único que permita la coexistencia de proyectos a gran y pequeña escala. No obstante, fue enfático al precisar que no se modificarán los decretos supremos que fijan el fin del proceso de formalización el 31 de diciembre de 2025.
Por su parte, el presidente de la Confemin, Máximo Franco Bequer, expresó su rechazo a las actuales interdicciones y solicitó su suspensión durante el proceso de diálogo. También pidió la reincorporación de los 50 mil mineros recientemente excluidos del Reinfo, denunciando que se vulneraron sus derechos al no notificar ni permitirles apelar. Bequer criticó duramente el manejo estatal del proceso, argumentando que la falta de conocimiento sobre la realidad de la minería artesanal ha impedido avances concretos en los últimos años.
