El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, presentó un proyecto de ley que plantea que únicamente jueces y fiscales supremos titulares puedan investigar y juzgar a los altos funcionarios contemplados en el artículo 99 de la Constitución.
La iniciativa, registrada como PL 11750/2024-CR, busca modificar el Código Procesal Penal y ha despertado controversia por sus posibles efectos en la autonomía del sistema judicial y la lucha anticorrupción.
Qué plantea la reforma procesal
La propuesta modificaría los artículos 44, 450, 451 y 452 del Nuevo Código Procesal Penal. Su objetivo es eliminar la participación de jueces y fiscales provisionales o supernumerarios en los procesos penales contra altos funcionarios, como el presidente de la República, ministros, congresistas o miembros del Tribunal Constitucional.
El texto establece que la fiscal de la Nación deberá nombrar a un fiscal supremo titular para cada caso específico, mientras que la Sala Penal de la Corte Suprema designaría al juez de investigación preparatoria y a los integrantes de la sala penal especial, todos titulares. Esta jurisdicción especial también se aplicaría a cualquier persona implicada en los presuntos delitos de estos funcionarios.
Argumentos y contexto político
En la exposición de motivos, Gonza argumenta que la medida fortalecería la legitimidad institucional, garantizaría procesos penales más transparentes y reduciría el riesgo de injerencias políticas. Afirma que los magistrados titulares ofrecen mayor estabilidad e independencia, especialmente en casos de alto perfil mediático y político.
También indica que la modificación evitará presiones externas y fortalecerá la confianza pública en decisiones judiciales sobre casos sensibles. El proyecto cuenta como coautores a los también congresistas de Perú Libre Flavio Cruz, Waldemar Cerrón, Segundo Montalvo, Isaac Mita y María Agüero, descritos en la información como vinculados al sector más radical del partido.
Propone declarar en emergencia el MP
Cabe resaltar, que la iniciativa se enmarca junto a otra propuesta de Gonza que busca declarar en emergencia el Ministerio Público por seis meses, incluyendo la destitución de la fiscal de la Nación y la creación de una junta transitoria reorganizadora.
