El Congreso de la República alista una ambiciosa reestructuración de su infraestructura para recibir a los nuevos senadores y diputados en julio del 2026, fecha en la que se espera entre en vigor el sistema bicameral. Según un informe de RPP, este proceso demandará una inversión superior a los S/180 millones para intervenir cinco sedes del Parlamento, incluyendo la sede principal del Palacio Legislativo y otras instalaciones ubicadas en el centro y norte de Lima.
El “Plan Maestro de Implementación de la Bicameralidad”, aprobado por la Mesa Directiva y elaborado por la Unidad Ejecutora creada este año, contempla remodelaciones integrales, construcción de nuevos ambientes, mejoras tecnológicas y adquisición de mobiliario. Entre los proyectos más costosos figuran los edificios Melchor Malo y Central, con una inversión de S/73.5 millones, seguidos del Palacio Legislativo (S/44.6 millones) y el edificio Abancay-Junín (S/37.5 millones).
Inversiones cuestionadas y preocupaciones técnicas
La magnitud del gasto ha sido puesta en duda por especialistas como el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, quien considera que estas obras son innecesarias y responden a intereses de reelección. “Están magnificando necesidades inexistentes”, afirmó a RPP, y sugirió que el próximo Congreso debería auditar todos los proyectos en ejecución. Por su parte, la abogada Cecilia Ruiz advirtió que los procesos de contratación deben garantizar pluralidad de postores y total transparencia para evitar favoritismos y sobrecostos.
Además del presupuesto destinado a obras, la Unidad Ejecutora —encargada de llevar adelante el plan— cuenta con más de S/99 millones para su funcionamiento y personal, el cual trabaja en un edificio alquilado en San Luis por casi medio millón de soles al año. Las proyecciones incluyen también el uso de contratos internacionales para acelerar los plazos y asegurar eficiencia en la ejecución, una propuesta que, si bien busca sortear las limitaciones de la normativa nacional, también ha despertado preocupación por el uso adecuado de los recursos públicos.
