El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que no pagará los cerca de US$ 200 millones que la Municipalidad debe al consorcio Rutas de Lima, de acuerdo a dos laudos arbitrales confirmados por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (EE.UU.).
"No voy a pagar nada. A gente corrupta no le pago nada", dijo en declaraciones a la prensa, acusando que el contrato de concesión firmado en 2013 fue producto de un "acto corrupto" durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, vinculada a Odebrecht.
Contexto y fallo internacional
El contrato otorgó a Rutas de Lima la concesión de vías capitalinas, incluida la Vía Expresa Línea Amarilla. La Municipalidad apeló los laudos argumentando corrupción, pero el tribunal estadounidense determinó que no existían "pruebas directas" para anular el acuerdo, ratificando un fallo previo de marzo de 2025 bajo las reglas de la Uncitral.
La disputa surgió en 2017 cuando la comuna impidió la instalación de un nuevo peaje, lo que llevó al consorcio, entonces controlado por Odebrecht, a iniciar los arbitrajes por incumplimiento. Además de los laudos confirmados, Rutas de Lima, ahora en manos de Brookfield Infrastructure, inició un tercer arbitraje contra la Municipalidad.
Nuevos litigios y demanda al Estado
En paralelo, Brookfield demandó al Estado peruano ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), reclamando US$ 2.700 millones por supuesta expropiación de su inversión. Estos procesos profundizan la controversia jurídica mientras López Aliaga insiste en la nulidad del contrato original.
Repercusiones y críticas
López Aliaga criticó al sistema judicial peruano por no sancionar a exfuncionarios involucrados en el caso, aunque la corte de EE.UU. ya resolvió sobre los laudos. La Municipalidad mantiene que el acuerdo es nulo por corrupción, pese a que las instancias arbitrales internacionales han validado las demandas del consorcio concesionario.
