El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que propone sancionar con cárcel las denuncias falsas por violencia familiar. El planteamiento busca incorporar el artículo 402-A al Código Penal con penas de entre 3 y 6 años.
La iniciativa también establece multas e inhabilitaciones para quienes, “a sabiendas de la inexistencia del hecho”, denuncien con el fin de obtener beneficios como medidas de protección, tenencia de hijos o dañar la reputación del acusado.
Además, la norma penaliza a policías, abogados, psicólogos, peritos y médicos legistas si se considera que simularon o adulteraron pruebas en estos procesos. Sin embargo, el proyecto no precisa cómo ni quién determinaría la falsedad de una denuncia.
En un segundo punto, la propuesta busca modificar la Ley 30364 para castigar penal o civilmente a quienes retiren la denuncia o se acojan al derecho de guardar silencio durante el proceso.
VÍCTIMAS EN RIESGO
Muñante sostiene que hay miles de denuncias y pocas condenas, lo que evidenciaría un abuso del sistema. Sin embargo, especialistas señalan que el problema radica en la lentitud judicial, falta de enfoque de género y escasez de recursos en el sistema.
Diversas voces advierten que esto pone en riesgo a víctimas reales, muchas de las cuales callan por miedo, dependencia económica o amenazas del agresor. La propuesta podría desincentivar la denuncia en un país con altos índices de violencia familiar.
