La Comisión Permanente del Congreso aprobó un informe final que recomienda acusar al exministro de Trabajo Luis Alfonso Adrianzén Ojeda como presunto autor del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado.
El documento, respaldado por 17 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, concluyó que Adrianzén, ministro durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, habría influenciado el pago irregular de más de 41 millones de soles por EsSalud a la empresa Aionia Technology. Esta firma obtuvo en 2020 la buena pro para un millón de pruebas rápidas durante la pandemia de COVID-19.
Dicho informe jurídico sustenta la acusación bajo el artículo 399 del Código Penal por aprovechamiento indebido de cargo, mientras se archivó la denuncia por presunta infracción de los artículos 38 y 39 de la Constitución.
Conformación de comisión acusadora
La Comisión designó a los parlamentarios María Acuña y Jorge Montoya como miembros de la comisión acusadora, quienes sustentarán el caso ante el Pleno del Congreso y formularán la acusación constitucional correspondiente.
Defensa y origen de la denuncia
La denuncia constitucional fue presentada inicialmente por el congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros y la entonces fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas. En la sesión, Adrianzén Ojeda ejerció su derecho de defensa rechazando categóricamente los cargos.
"Niego absolutamente haber cometido el delito que se imputa. Lo hago basado en circunstancias que demuestran que aquí no existen delitos", declaró el exfuncionario durante su presentación ante los legisladores.
