El Congreso de la República aprobó, por insistencia, una modificación a la Ley 30364 que obliga a los medios de comunicación a destinar el 10% de su programación a contenidos relacionados con la violencia contra la mujer y el entorno familiar. Según el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), esta medida representa una interferencia directa en el trabajo de los medios, vulnerando su independencia y capacidad de autorregulación. “Es una imposición a los medios de comunicación”, advirtió el gremio periodístico en un reciente pronunciamiento.
Uso político de una causa legítima
La reforma a la Ley 30364, publicada el 27 de mayo en El Peruano, pretende presentarse como una herramienta para sensibilizar sobre una problemática urgente. Sin embargo, el CPP denunció que “pretender obligar a los medios de comunicación a informar a la población en un espacio exclusivo sin posibilidad de edición… interfiere con los principios de pluralidad de puntos de vista, de fiscalización y de independencia”. La preocupación gira en torno a la utilización del combate a la violencia como argumento para establecer mecanismos de control estatal sobre la prensa.
Esta no es la primera vez que el Ejecutivo o el Legislativo intenta intervenir en los contenidos mediáticos. En marzo, el gobierno propuso que durante los estados de emergencia los medios estén obligados a transmitir “los supuestos logros del Poder Ejecutivo en la lucha contra la criminalidad”. La iniciativa fue ampliamente rechazada por diversos sectores, que la calificaron de injerencia y propaganda disfrazada de información. “La ciudadanía verá perjudicado su derecho a información contrastada e imparcial”, sostuvo el CPP.
El Consejo de la Prensa insistió en que la violencia de género es un tema crucial que requiere atención sostenida y eficaz por parte del Estado, no medidas coercitivas que afecten la autonomía de la prensa. “Emplear dicho tema como instrumento para controlar los espacios de los medios de comunicación sólo evidencia una estrategia contraria a la libertad de expresión, de prensa y empresa”, concluyó el comunicado. Por ello, exhortaron al Congreso a derogar la norma con urgencia.
