El presidente del Congreso de la República peruano, Eduardo Salhuana, ha rechazado las acusaciones de que el Legislativo esté blindando a la presidenta Dina Boluarte frente a las denuncias relacionadas con el caso Rolex. Según el parlamentario, la decisión de archivar temporalmente la denuncia constitucional contra Boluarte no implica una exoneración, sino un aplazamiento basado en el artículo 117 de la Constitución, que limita las acusaciones contra un presidente en funciones a delitos específicos. Salhuana enfatizó que las investigaciones se retomarán una vez que culmine el mandato presidencial en julio de 2026, asegurando que no se está declarando la inocencia de la mandataria.
Salhuana, representante de Alianza para el Progreso, insistió en que el Congreso actúa conforme a la normativa constitucional y no con la intención de proteger a la jefa de Estado. Explicó que el archivo de la denuncia por el caso Rolex, donde se le atribuye a Boluarte un presunto delito de cohecho pasivo impropio, responde a restricciones legales y no a un intento de obstruir la justicia. Además, señaló que el Ministerio Público continúa con sus pesquisas de manera independiente, lo que garantiza que el caso no quedará en el olvido.
Reactivación de denuncias en el horizonte
El titular del Parlamento subrayó que, al concluir el periodo presidencial, las acusaciones contra Boluarte se reactivarán automáticamente, permitiendo que el proceso siga su curso en el ámbito parlamentario y judicial. Esta postura busca responder a las críticas de sectores que consideran que el Congreso ha actuado con parcialidad al no avanzar con la investigación durante el mandato de la presidenta. Salhuana defendió la necesidad de respetar los plazos constitucionales para mantener la estabilidad política y económica del país, evitando cambios abruptos en la presidencia.
Por su parte, la Fiscalía de la Nación ha solicitado al Congreso reconsiderar el archivo de la denuncia, argumentando "graves vicios procesales" en el trámite parlamentario. Este pedido refleja la tensión entre los poderes del Estado y la presión de la opinión pública, que percibe un posible encubrimiento. Mientras tanto, Salhuana reiteró su compromiso con la institucionalidad, asegurando que el Legislativo no busca entorpecer las investigaciones, sino seguir un procedimiento que respete el marco legal vigente.
