El predictamen de la controvertida Ley 3309, impulsada por la bancada de Perú Libre, propone penas privativas de libertad de entre 5 y 8 años para jueces y fiscales que, según sus impulsores, utilicen el derecho como un arma política. La iniciativa ha sido fuertemente criticada por diversos sectores, que advierten un atentado contra la independencia del sistema de justicia. El congresista Waldemar Cerrón, uno de sus principales promotores, defendió el proyecto señalando que busca sancionar a magistrados que abusen de su poder, sin afectar a aquellos que cumplen con sus funciones de forma íntegra.
Sin embargo, para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, la propuesta es “descabellada” y representa un ataque directo al Estado de derecho. Según explicó, el delito de prevaricato ya contempla sanciones para los excesos en el ejercicio judicial, por lo que este nuevo proyecto sería innecesario y tendría como objetivo final “politizar la justicia” mediante la criminalización de decisiones judiciales que incomoden al poder político.
En la Comisión de Justicia del Congreso, donde se debatió el predictamen, las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular y Democrático Popular expresaron su rechazo. La congresista Sigrid Bazán advirtió que la norma vulnera el principio de independencia judicial, exponiendo a jueces y fiscales a ser perseguidos penalmente por fallos considerados ideológicos o influenciados por medios. Por su parte, María del Carmen Alva cuestionó que el Congreso pretenda combatir la politización de la justicia, cayendo en la contradicción de promover una norma que justamente la politiza.
POSICIONES ENCONTRADAS
Ante la falta de consenso, el predictamen fue enviado a un cuarto intermedio para continuar su análisis en la Comisión de Justicia. Mientras tanto, la discusión sigue abierta y marcada por posiciones encontradas sobre los límites del control político frente a la actuación del Poder Judicial y el Ministerio Público.
