Las acusaciones incluyen colusión agravada, enriquecimiento ilícito y responsabilidad en muertes durante protestas, según el Ministerio Público.
Entre el 15 y 16 de mayo de 2025, la Fiscalía de la Nación presentó cinco denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso. Estas acusaciones abarcan delitos como omisión de funciones, colusión agravada, enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones. A continuación, se detalla cada caso.
Denuncia por omisión de funciones
El 16 de mayo, la Fiscalía acusó a Boluarte de omisión de funciones y abandono de cargo. Según el Ministerio Público, la mandataria habría omitido sus funciones entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, debido a un procedimiento quirúrgico, afectando el funcionamiento del Estado.
Acusación por colusión agravada
El mismo 16 de mayo, se presentó otra denuncia por colusión agravada. La Fiscalía señaló que Boluarte, como exministra de Desarrollo e Inclusión Social, habría favorecido a un amigo de su hermano, Nicanor Boluarte, para obtener contratos en el programa Qali Warma.
Enriquecimiento ilícito en el punto de mira
También el 16 de mayo, se formuló una denuncia por enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones. El Ministerio Público sostiene que Boluarte incrementó su patrimonio de forma injustificada, a través de joyas y fondos en cuentas bancarias no declarados.
Denuncia por homicidio calificado
El 15 de mayo, la Fiscalía imputó a Boluarte por homicidio calificado a título de omisión. Esto se relaciona con las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 a marzo de 2023, donde se le acusa de no haber actuado para evitar los fallecimientos.
Acusación por organización criminal
El 15 de mayo, se presentó una denuncia por organización criminal y otros delitos. La Fiscalía alega que Boluarte lideró una red ilícita dentro del Ejecutivo, con participación de su hermano Nicanor, para influir en instituciones como la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.