La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte, los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, y los exministros de Defensa e Interior, César Cervantes, Jorge Chávez, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Los funcionarios son señalados como presuntos autores de los delitos de lesiones leves y graves contra 75 víctimas, entre ellos Ronald Rojas Ramos y Michael Chipana Vega, durante las protestas registradas entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023.
El Área Especializada de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales vinculó los hechos a operativos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana.
Uso excesivo de la fuerza
A través de su cuenta de X (Antes Twitter) la Fiscalía detalló que los investigados tenían pleno conocimiento del uso "excesivo y desproporcionado" de la fuerza contra manifestantes, lo que habría causado daños físicos documentados en civiles.
Responsabilidad penal
De aceptarse la denuncia, se determinaría la responsabilidad penal de los altos funcionarios en uno de los casos más emblemáticos de represión del Gobierno durante las protestas que surgieron tras el intento de Golpe de Estado de Pedro Castillo.
