La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó el trámite de varias denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y altos exfuncionarios de su gobierno. Entre ellos se encuentran el exministro de Justicia, Félix Chero Medina, y el exministro de Educación, Rosendo Serna Román. Las acusaciones están vinculadas a presuntos delitos como patrocinio ilegal, cohecho activo genérico y modificaciones cuestionadas en la Derrama Magisterial.
Presuntas irregularidades y vínculos políticos
Una de las denuncias, impulsada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sostiene que habría existido una coordinación entre Castillo, Chero y el exintegrante de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila Herrera, con el objetivo de beneficiar a Patricia Benavides en su postulación como fiscal suprema titular. Ávila, por su parte, es acusado de cohecho pasivo propio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 393 del Código Penal.
En otro expediente, el congresista Juan Bartolomé Burgos (Perú Posible) responsabiliza a Castillo y al exministro Serna por cambios realizados al Estatuto de la Derrama Magisterial, una entidad de derecho privado que maneja los aportes previsionales de los docentes del sector público. Según la denuncia, el Ejecutivo habría intervenido en asuntos fuera de su competencia al modificar normas internas de una organización autónoma.
Además, la SAC declaró improcedentes dos denuncias adicionales: una contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el retiro de Marita Barreto del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder; y otra contra el ex fiscal Juan Carlos Villena, por una presunta vulneración al artículo 93 de la Constitución. En ambos casos, los informes de calificación concluyeron que las denuncias no cumplían con los requisitos legales establecidos.
