El ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció este miércoles que el Gobierno aprobará en los próximos días un decreto de urgencia para privatizar el control de ingresos y salidas en los penales a nivel nacional.
La iniciativa se enmarca en la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario por dos años y la reciente remoción del jefe del INPE, Javier Llaque tras la fuga de un interno del penal de Lurigancho y la inoperatividad de sus equipos.
"El INPE no puede hacerlo. Hemos estado más de 10 años con Bodyscams que no funcionan, los sistemas de rayos X se malogran permanentemente", declaró Arana durante su presentación ante la Comisión de Justicia del Congreso.
Concurso público
Según el ministro, las empresas privadas asumirán la verificación de accesos con los equipos necesarios, tras un concurso público que priorizará los penales con mayores riesgos y problemas de seguridad.
Crisis carcelaria
El plan comenzará en centros de alta seguridad, aunque el ministerio no precisó plazos ni montos de inversión. La privatización responde a reclamos de congresistas por la crisis carcelaria, agravada tras incidentes como la fuga de Lurigancho, donde los sistemas de vigilancia fallaron.
