El expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia enfrentan una nueva denuncia penal por el caso del Gasoducto Sur Peruano, un proyecto de US$ 7 mil millones investigado por corrupción.
La Fiscalía, a través del equipo Lava Jato, presentará cargos por colusión agravada y asociación ilícita, sumándose a la reciente condena de 15 años por lavado de activos. Según Punto Final, la fiscal Geovana Mori Gómez lidera la acusación, señalando a Heredia como figura central en irregularidades durante la licitación del megaproyecto.
Testimonios y presiones editoriales
José Alejandro Graña Miró Quesada, exdirectivo de Graña y Montero y colaborador eficaz, declaró que Heredia vetó a su empresa del gasoducto por su vínculo con un conglomerado mediático crítico al gobierno de Humala (2011-2016).
Según su testimonio, Heredia desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, exigió cambios en el contenido editorial del diario asociado a Graña. Al negarse, Odebrecht y Enagás (España) habrían sido favorecidas. La Fiscalía respalda estas declaraciones con agendas de Heredia, correos electrónicos y documentos de la Contraloría.
Conexión y asilo en Brasil
Graña también reveló que Heredia gestionó la intervención de Dilma Rousseff, entonces presidenta de Brasil, para presionar a Marcelo Odebrecht contra su empresa. La investigación incluye registros de Migraciones que detallan reuniones entre Heredia y actores clave del caso, además de documentos que prueban alteraciones en los términos de la licitación.
Cabe resaltar, que estas acusaciones surgen mientras Heredia Alarcón permanece asilada en Brasil tras recibir asilo político por el gobierno de Lula da Silva, situación que ha generado críticas por posible impunidad.
