Una nueva polémica envuelve al Congreso de la República. Un reportaje reveló que Jacqueline Yessenia Lozano Millones, militante del partido Alianza para el Progreso (APP), fue nombrada jefa del recientemente creado Centro de Modalidades Formativas, con un sueldo que supera los S/19 000 mensuales. Lozano, de 36 años, solo posee el grado de bachiller en Derecho por la Universidad Señor de Sipán, propiedad de la familia de César Acuña, lo que, según el reglamento del Congreso, apenas le permitiría ocupar un cargo técnico con una remuneración mucho menor.
CREACIÓN DE UNA OFICINA BAJO SOSPECHA
El Centro de Modalidades Formativas fue creado en septiembre de 2024, y un mes después Lozano Millones fue designada como su jefa, mediante resolución firmada por el oficial mayor Giovanni Forno. El experto en temas parlamentarios, Alejandro Rospigliosi señalaron que la oficina parecería más un espacio para “pagar favores políticos” que una necesidad institucional. Según reveló Cuarto Poder, en los pasillos del Congreso se rumorea que esta entidad funciona como una "agencia de empleos encubierta".
TRAYECTORIA Y ASCENSOS DE LA FUNCIONARIA
De acuerdo al reportaje, Yessenia Lozano inició su carrera en el Parlamento en 2020 como asesora principal del congresista Freddy Díaz Monago, con un salario de 8 000 soles. Tras la denuncia por violación contra Díaz, fue reubicada en el grupo parlamentario de APP como asesora con un sueldo de más de S/12 mil 663 y luego, con la llegada de Eduardo Salhuana a la Mesa Directiva, Lozano fue nombrada asesora de la Presidencia del Congreso, elevando su sueldo hasta llegar a su actual cargo.
Para Rospigliosi, estos hechos mostrarían que "no se ha puesto a una persona idónea para el cargo, sino a una militante" de APP. En tanto, la subordinada de Lozano, Ruth Melisa Leyva García, también militante de APP, percibe más de S/10 mil 500 mensuales en la misma oficina.
SOLICITAN INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA Y CONTRALORÍA
La falta de claridad sobre las funciones del Centro de Modalidades Formativas ha despertado sospechas incluso entre congresistas de otras bancadas. Ante esta situación, especialistas como Rospigliosi han solicitado que la Contraloría de la República y el Ministerio Público inicien investigaciones para esclarecer si se estarían utilizando recursos públicos para beneficiar intereses partidarios.
