Desde este 22 de abril, entra en vigor la Ley N.º 32069, que permite a los familiares de la presidenta, ministros y congresistas contratar con el Estado. Esta ley fue aprobada en mayo del año pasado con 90 votos por el Congreso, y su reglamento fue publicado por el Ejecutivo en enero de este año.
Especialistas en derecho y contrataciones públicas han expresado su desacuerdo con la modificación, advirtiendo sobre el riesgo de generar conflictos de interés. La abogada Mónica Yaya, dijo a Exitosa que, este tipo de contrataciones podría ser perjudicial, ya que los funcionarios tienen poder sobre los presupuestos y decisiones que benefician a sus propios familiares.
La especialista también señaló que esta modificación a la ley "legaliza la corrupción", ya que no solo beneficia a los congresistas, sino también a los gobernadores regionales y a los parientes de la presidenta Dina Boluarte. La abogada cuestionó que la mandataria y el premier, Gustavo Adrianzén, hayan promulgado la norma sin observarla.
DENUNCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
Ante este panorama, la especialista instó a la fiscal de la nación, Delia Espinoza, a iniciar una investigación por posible cohecho, señalando que la modificación fue impulsada por los mismos legisladores que podrían beneficiarse de ella. Asimismo, pidió que se sancionen penalmente a los involucrados en esta controversial norma.
