El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) pidió al Congreso reconsiderar la reciente votación que modificó la ley de extinción de dominio. El Ejecutivo ya había rechazado esta norma en su primera aprobación.
La cartera liderada por Eduardo Arana expresó su preocupación en un comunicado oficial, señalando que la modificación afecta directamente el trabajo del Ministerio Público. La nueva ley prohíbe el decomiso de bienes ilícitos mientras no haya una sentencia firme contra los implicados.
Además, alertaron que este cambio legal pone en riesgo la adhesión del Perú a la a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y su estabilidad financiera internacional. Asimismo, podría derivar en que el país sea incluido en listas de riesgo por la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
AFECTACIÓN DIRECTA AL ESTADO
El Ministerio de Justicia resaltó que desde 2019, el mecanismo ha beneficiado al Estado mediante la incautación y reasignación de bienes ilícitos. En 2024, los ingresos por esta vía aumentaron en un 44 %, según datos del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
