En medio del paro nacional convocado por los gremios de transportistas ante el aumento de extorsiones, el congresista Roberto Chiabra (APP) desestimó la medida de protesta al calificarla como una “victoria para los extorsionadores”.
Sus declaraciones no solo restaron legitimidad al reclamo ciudadano, sino que compararon la situación actual con el confinamiento vivido durante la pandemia de COVID-19, señalando que, al paralizarse el transporte, se estaría cediendo terreno al crimen organizado: "La paralización del transporte es una victoria de los extorsionadores. Eso es lo que buscaban los terroristas: que cambiáramos nuestro estilo de vida. La COVID-19 nos mantuvo secuestrados durante dos años y nos cambió la vida. Si se paraliza el transporte, se paraliza la educación, el trabajo; eso indica que nos están ganando", afirmó el parlamentario.
Chiabra criticó duramente el contexto de la protesta, sin mostrar empatía hacia los trabajadores que enfrentan amenazas diarias. Además, aprovechó su intervención para desmerecer el discurso del primer ministro Gustavo Adrianzén ante el Pleno del Congreso: "Hace tiempo que Lima y Callao están en estado de emergencia. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado de derecho y uno de emergencia? Ninguna. Vemos que los delincuentes, a plena luz del día, no tienen ningún problema en cometer actos violentos".
Críticas cruzadas y respaldo a leyes polémicas
Por su parte, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) también se pronunció de forma despectiva sobre la movilización, indicando que la población "ha hecho mucha bulla", sin reconocer la gravedad de la situación que llevó a millas de ciudadanos a las calles. En una entrevista, Aguinaga apuntó contra presuntos grupos radicales como responsables de generar disturbios, mientras defendía la necesidad de “tranquilidad” en el país.
Ambos legisladores pertenecen a bancadas que han respaldado una serie de normativas cuestionadas por su impacto en la lucha contra el crimen organizado y los derechos humanos. Entre ellas, se encuentra la reciente ley que limita la aplicación del marco legal contra organizaciones criminales, la reducción del plazo para colaboraciones efectivas y una norma que permitiría la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. Estas decisiones han generado preocupación entre expertos y organismos de derechos humanos, al ser vistas como posibles mecanismos de impunidad.
