El Congreso de la República aprobó en 2024 la Ley 32058, que permite a los legisladores postular a cargos de elección popular sin dejar sus funciones parlamentarias. Esta norma, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, busca optimizar el proceso electoral, pero ha generado críticas por los posibles riesgos en el uso de recursos estatales. Al coincidir el fin de la legislatura actual con las Elecciones Generales, Regionales y Municipales del 2026, los congresistas tienen vía libre para candidatear a presidencias, vicepresidencias, curules en el nuevo Congreso bicameral y cargos regionales y municipales.
Riesgos de uso político del aparato estatal
Diversos expertos han advertido que esta situación abre la puerta al uso indebido de bienes y servicios del Estado durante la campaña. El Jurado Nacional de Elecciones ha hecho un llamado a mantener la neutralidad en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, se advierte que recursos como movilidad, personal de seguridad, viáticos o material de oficina podrían emplearse con fines proselitistas. La delgada línea entre la representación parlamentaria y la campaña electoral podría convertirse en un terreno fértil para el aprovechamiento político de los recursos públicos.
Ante este panorama, el exministro de Justicia José Tello ha propuesto que los congresistas renuncien a sus cargos si deciden postular, a fin de evitar ventajas frente a candidatos que no tienen acceso a los medios del Estado. Por su parte, el exlegislador Víctor Andrés García Belaúnde ha recordado que, en el pasado, se suspendían los viajes de representación en épocas electorales para prevenir el uso político de estos recursos. Sugiere que el Congreso limite estas actividades durante los meses previos a los comicios.
Uno de los primeros en anunciar su candidatura para 2026 ha sido el congresista Roberto Chiabra, quien aspira a la presidencia con el partido Paz y Unidad. Chiabra aseguró que respetará las normas de neutralidad y separará sus funciones legislativas de las partidarias. Indicó que mantendrá sus actividades de representación, pero sin realizar campaña ni usar símbolos de su partido. La fiscalización del proceso recaerá sobre los Jurados Electorales Especiales, los cuales tendrán un gran reto al supervisar a más de cuarenta organizaciones políticas inscritas para estas elecciones.
