La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) amplió la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por la muerte 49 personas y más de 300 heridos en las protestas ocurridas entre enero de 2022 y febrero de 2023. La investigación busca determinar la responsabilidad de las autoridades en la represión policial.
Los denunciantes argumentan que, hasta la fecha, no se ha procesado a ningún responsable por los hechos denunciados. Sostienen que la falta de justicia en el Perú hace necesaria la intervención de organismos internacionales como la CPI.
La denuncia ampliada también destaca la necesidad de evaluar la respuesta de las autoridades peruanas ante estos crímenes. Según los firmantes, han surgido nuevos elementos que refuerzan la acusación y evidencian omisiones en el proceso judicial.
COMISIÓN DE LA VERDAD
Además, los denunciantes han anunciado su intención de impulsar la creación de una Comisión de la Verdad. Este organismo buscaría esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar la reparación a las víctimas.
