El primer ministro Gustavo Adrianzén informó que el Gobierno ha observado la ley que restituye la detención preliminar y ha remitido dichas observaciones al Congreso. Este anuncio, realizado a pocas horas del vencimiento del plazo para su promulgación, pone en pausa la entrada en vigor de la norma, que busca ser una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado.
La medida retorna a la Comisión de Justicia, donde los parlamentarios deberán decidir si acatan las observaciones del Ejecutivo o insisten en su texto original. Según Adrianzén, las observaciones se fundamentan en cuestiones legales que podrían contradecir el marco jurídico vigente, aunque aún no se han detallado públicamente.
¿Qué implica la norma observada?
La ley en cuestión busca restituir la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia, permitiendo que un juez ordene la aprehensión de un sospechoso por un delito con pena mínima de cinco años, previa solicitud fiscal. Este marco, según sus defensores, es crucial para evitar que presuntos delincuentes evadan la justicia.
No obstante, las observaciones del Ejecutivo sugieren discrepancias en aspectos técnicos de la norma, lo que podría generar un efecto contrario al deseado, comprometiendo el equilibrio entre seguridad ciudadana y derechos fundamentales.
