La congresista de Renovación Popular (RP), Norma Yarrow, señaló este miércoles 8 de enero que la contratación de la trabajadora parlamentaria Isabel Cajo, vinculada a una red de prostitución dentro del Congreso, se dio con una adenda especial, que contó con la aprobación del entonces presidente del Legistivo, Alejandro Soto.
La integrante de la Comisión de Fiscalización del Parlamento sostuvo que, entre los 20 contratos revisados por su equipo, uno llamó la atención por una “adenda” específica.
El documento de la “adenda al contrato de trabajo por servicio específico”, difundido por el diario Perú21, precisan que “por disposición expresa y comunicada (...) por la Oficialía Mayor autorizada por la presidencia del Congreso, se mantiene la condición contractual bajo la modalidad de servicio técnico”.
DENUNCIAN AMENAZAS CONTRA ASESORES PARLAMENTARIOS
Por otro lado, la legisladora denunció que Víctor Hugo Neciosup, secretario técnico de la Oficialía Mayor del Congreso, habría amenazado a asesores parlamentarios de dejar sin efecto su contratación para marzo en el marco de la investigación sobre una presunta red de prostitución en el Parlamento.
“Ayer tenía Comisión Permanente y no puedo decir el nombre por un tema de cuidado a la persona. El señor Hugo Neciosup está llamando a su despacho, hay que pedir las cámaras porque se van a borrar mañana o ahora, para decirles a algunos asesores que si siguen con este tema en marzo no se les renovaría sus contratos”, señaló en la sesión de hoy en la Comisión de Fiscalización.
En su intervención, también acusó a las bancadas de Alianza Para el Progreso y Fuerza Popular de haber copado altos cargos dentro del Congreso con gente de su confianza.
