La Fiscalía de Trata de Personas y la Policía Nacional del Perú han intervenido por segundo día consecutivo las instalaciones del Congreso de la República en busca de pruebas sobre una presunta red de prostitución que operaría dentro del Parlamento. Este escándalo ha generado una fuerte polémica y el pedido de destitución de altos funcionarios relacionados con el caso.
OFICIALÍA MAYOR, EL FOCO DE LAS INVESTIGACIONES
La diligencia más reciente se realizó en la Oficialía Mayor del Congreso, donde trabaja Giovanni Forno Flórez, señalado por congresistas como responsable de firmar la reintegración de Jorge Torres Saravia, el principal sospechoso de liderar esta red. Diversas bancadas han solicitado su destitución inmediata, mientras la Fiscalía recaba registros de cámaras de seguridad, documentos de la Oficina Legal y Constitucional, y datos del Departamento de Recursos Humanos.
Este operativo forma parte de una investigación preliminar por presuntos delitos de explotación sexual que han puesto en tela de juicio la integridad de la institución legislativa.
ESCÁNDALO Y REPERCUSIONES POLÍTICAS
El allanamiento del 2 de enero coincidió con la conferencia de prensa del presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, quien ha evitado pronunciarse sobre el caso hasta el momento. Sin embargo, este destape ha provocado una ola de críticas hacia la gestión parlamentaria y la falta de controles internos.
El Ministerio Público ha destacado que las diligencias continuarán para determinar la magnitud de los delitos cometidos y la posible participación de otros funcionarios del Congreso. Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de reforzar la transparencia y el control en una de las instituciones más importantes del país.
