Procuraduría rechaza proyecto que modifica extinción de dominio

La Procuraduría General del Estado expresó su rechazo a la aprobación, en primera votación, del proyecto que busca modificar la ley de extinción de dominio, al considerar que la propuesta “aniquila” esta figura legal y pone en riesgo procesos en curso.

A través de un comunicado, la Procuraduría manifestó su “preocupación y rechazo” respecto al texto sustitutorio aprobado recientemente por el Congreso. Según el organismo, la modificación aprobada socava por completo la ley de extinción de dominio, ya que condiciona su aplicación a la existencia de una sentencia penal firme y consentida.

La Procuraduría Pública Especializada en Extinción de Dominio advirtió que este cambio eliminaría la autonomía de la ley y restringiría su aplicación, dejando sin cobertura casos importantes en los que no se lograría una sentencia condenatoria. Además, señaló que el impacto sería significativo, ya que más de 5 mil procesos en trámite, tanto en fase de investigación como judicial, se verían afectados si el texto se aprueba en segunda votación.

El pronunciamiento también resaltó que la normativa vigente ha sido crucial para recuperar más de 545 millones de soles provenientes de bienes relacionados con actividades ilícitas, como narcotráfico, corrupción de funcionarios, minería ilegal, trata de personas, lavado de activos y terrorismo. De aprobarse la nueva propuesta, la capacidad del Estado para incautar y gestionar estos patrimonios ilícitos se vería gravemente limitada.

La Procuraduría hizo un llamado a las bancadas del Congreso para reconsiderar la propuesta en la segunda votación, recordando que esta medida no solo afecta el marco legal, sino que debilita la lucha contra la criminalidad organizada.

¿QUÉ ES LA EXTINCIÓN DE DOMINIO?

La extinción de dominio es una herramienta legal que permite al Estado incautar bienes obtenidos mediante actividades ilícitas, impidiendo que estos patrimonios ingresen al circuito económico. Es una medida efectiva en la lucha contra el crimen organizado y garantiza que los bienes no sean utilizados para financiar actividades ilegales.