El Poder Judicial liberó a 11 investigados por el caso AELU, un escándalo de presuntos créditos fraudulentos que habría perjudicado a miles de socios de la cooperativa. La decisión, fundamentada en la controvertida Ley 32181, genera preocupación entre las víctimas y las autoridades judiciales.
LEY 32181: CONTROVERSIA Y LIBERACIÓN DE DETENIDOS
El juez Raúl Justiniano Romero, del Poder Judicial, ordenó la liberación de 11 investigados en el caso AELU, un presunto fraude que involucra a directivos y socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU. Los procesados, detenidos el pasado 30 de noviembre durante un operativo de la Fiscalía, habían sido acusados de pertenecer a una supuesta organización criminal que habría generado un perjuicio económico de más de 410 millones de soles a la cooperativa y sus 21 mil socios.
La decisión se basó en la reciente promulgación de la Ley 32181, que deroga la prisión preliminar en casos de no flagrancia. “El mandato de detención preliminar ha quedado derogado”, indicó el magistrado. Sin embargo, el proceso sigue en marcha, y la Fiscalía ha solicitado prisión preventiva por un plazo de 36 meses para los implicados.
PRESUNTO FRAUDE MILLONARIO Y RECLAMOS DE JUSTICIA
De acuerdo con la Fiscalía Supraprovincial Contra la Criminalidad Organizada, los acusados utilizaron empresas inmobiliarias vinculadas a la cooperativa como vehículos para obtener créditos fraudulentos. Según la fiscal Irene Mercado Zavala, los préstamos obtenidos nunca fueron retornados, y los fondos habrían sido utilizados para construir edificios que luego se vendieron sin beneficiar a la cooperativa.
“La cooperativa se convirtió en un vehículo de inversión para defraudar a sus socios, causando un daño millonario”, denunció Mercado. En noviembre, el Ministerio Público detuvo a 22 personas tras un operativo realizado en Lima y Piura, aunque solo 11 permanecían bajo detención hasta ahora.
RESTITUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
El Congreso de la República aprobó recientemente la restitución de la prisión preliminar en casos de no flagrancia, tras las críticas del Ministerio Público. La nueva normativa, presentada por la congresista Ruth Luque, aún debe ser promulgada por el Ejecutivo.
Mientras tanto, la liberación de los procesados bajo la Ley 32181 ha generado un intenso debate sobre la efectividad de las leyes para proteger a las víctimas de delitos financieros y garantizar justicia en casos de corrupción.
