El gobierno de Dina Boluarte promulgó el pasado miércoles la Ley 32181, que deroga la posibilidad de aplicar detención preliminar en casos de no flagrancia, una medida que ha generado diversas reacciones en sectores judiciales, fiscales y del Congreso.
A partir de hoy, jueves 12 de diciembre, la detención preliminar solo podrá aplicarse en casos flagrantes, es decir, dentro de las primeras 48 horas desde la comisión del delito.
Esta norma deroga “el inciso ‘a’ del numeral 1 del artículo 261 del Código Procesal Penal”, el cual permitía a los magistrados dictar esta medida a solicitud del fiscal, cuando había razones pertinentes de que una persona hubiese cometido delitos con una pena mayor a cuatro años de prisión y existiera riesgo de fuego obstaculización de la justicia.
REACCIONES ANTE ESTA NORMA
El vocero de la Fiscalía de la Nación, Víctor Cubas, cuestionó la promulgación de esta ley, que también establece nuevas medidas sobre el uso de armas de fuego para policías, destacando dicha disposición, referente a la derogación de la posibilidad de aplicar detención preliminar en casos de no flagrancia, ha sido introducida “de contrabando”.
"(¿Si el asesino de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo fuese detenido hoy, fuera del período de flagrancia?), no podría ser sometido a una prisión preliminar, puesto que no estaría en un supuesto de flagrancia. Habría que esperar a hacer una investigación, que se formalice la investigación preparatoria y con esa disposición el fiscal deberá formular un requerimiento de prisión preventiva", señaló en RPP.
“Si el proyecto de ley tiene como fin garantizar la actividad de la Policía, es entendible y se justifican los dos artículos que impiden que se imponga prisión preliminar o preventiva. Pero la parte derogatoria no estaba incluida directamente en el proyecto. Esa parte ha sido introducida de contrabando. Y ha sido promulgada así. Y eso perjudica gravemente la lucha contra todas las formas de delincuencia", agregó, haciendo un llamado no para que se derogue esta norma, pero sí para que “se declare un período de vacatio legis” para “que no surta efectos mientras no se reexamine”, destacando que “esto es un durísimo golpe en contra de la lucha por la seguridad ciudadana".
Por su parte, la vicepresidente del Congreso, Patricia Juárez, defendió esta nueva disposición bajo el argumento de que el propósito de esta ley es la defensa de la presunción de inocencia y detener los “excesos” que se han reportado en el sistema de justicia.
"La prisión preventiva no se ha eliminado, subsiste. En realidad, lo que se está haciendo acá es (que) Fiscalía, Poder Judicial, revisen en qué casos corresponde la prisión preliminar y que no haya realmente un exceso, como lo hemos visto hasta ahora", dijo al citado medio.
El abogado penalista Andy Carrión calificó ayer esta medida de “gravísima” en entrevista con ‘2024 en 24 Horas’.
“Cuando leí esta norma publicada en El Peruano creí que se trataba de un error. Si es capturado en flagrancia un grupo organizado, la policía puede detenerlo durante 48 horas, pero luego no podría solicitar la detención preliminar. Eso es gravísimo”, sostuvo.
