La Comisión de Energía y Minas no aprobó extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Organizaciones como ComexPerú advierten que el Reinfo podría beneficiar al crimen organizado.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso rechazó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un año más, hasta finales del 2025. El programa, que busca regularizar a pequeños mineros y mineros artesanales, vence este 31 de diciembre, y su posible extensión ha generado un fuerte debate debido a los problemas asociados con la minería ilegal.
PROPUESTA DE AMPLIACIÓN Y ARGUMENTOS EN CONTRA
La propuesta, impulsada por el presidente de la comisión, Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), planteaba una extensión del Reinfo por 12 meses adicionales, con la posibilidad de un año más mediante decreto supremo emitido por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Sin embargo, la iniciativa no logró consenso dentro del grupo parlamentario.
Entre los principales detractores, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) advirtió que prolongar el Reinfo podría beneficiar al crimen organizado, agravando la contaminación ambiental y otros problemas graves vinculados a la minería ilegal, como la violencia y la explotación infantil. Según un comunicado de Comex, la minería ilegal genera más ingresos que el narcotráfico y financia actividades delictivas como extorsión y sicariato.
IMPACTOS DE LA MINERÍA ILEGAL Y PRÓXIMOS PASOS
De acuerdo con ComexPerú, la minería ilegal en el país no solo afecta al medio ambiente, sino que también debilita la gobernabilidad al financiar campañas políticas y ejercer control en votaciones. Además, señaló que su impacto social incluye prostitución infantil y uso ilegal de armas, lo que ha convertido a esta actividad en una de las principales amenazas para el desarrollo sostenible.
Con el vencimiento del Reinfo programado para este 31 de diciembre, miles de mineros podrían quedar fuera del marco regulatorio. Esto genera incertidumbre sobre las medidas que adoptará el Minem para abordar la situación. Por su parte, grupos ambientalistas y organizaciones sociales exigen acciones más firmes para combatir la minería ilegal y proteger a las comunidades afectadas.