En un contexto marcado por el aumento de la criminalidad y la percepción de inseguridad en el país, el exministro del Interior, Vicente Romero, expresó sus preocupaciones sobre las medidas adoptadas por el gobierno de Dina Boluarte y sugirió evaluar la permanencia de su sucesor, Juan José Santiváñez, en el cargo.
Durante una entrevista con Canal N, Romero señaló que la inseguridad requiere soluciones estructurales y liderazgo político, no solo medidas temporales.
ESTADOS DE EMERGENCIA: UNA SOLUCIÓN TEMPORAL
Romero destacó que los estados de emergencia, aunque útiles para controlar situaciones críticas, no solucionan los problemas de fondo.
"La inseguridad ha escalado con delitos más violentos, como la colocación de granadas. Es necesario respaldar a las fuerzas armadas y a la policía con inteligencia eficaz", indicó.
El exministro enfatizó que estas medidas deben complementarse con estrategias integrales que incluyan reestructuraciones internas en la Policía Nacional y una colaboración interinstitucional sostenida.
"La seguridad no se resuelve solo con presencia militar, sino con un enfoque estratégico que aborde las raíces del problema", añadió.
GESTIÓN DE JUAN SANTIVÁÑEZ BAJO ESCRUTINIO
Sobre la gestión de su sucesor, Juan José Santiváñez, Romero evitó juicios directos, pero subrayó la importancia de evaluar constantemente a quienes lideran sectores clave como el de seguridad.
“Es vital revisar periódicamente el desempeño de los titulares, dada la magnitud de los desafíos que enfrenta el país”, puntualizó.
Asimismo, el exministro defendió su propia gestión, señalando que, pese a su censura en noviembre de 2023 por el Congreso, su equipo impulsó reformas significativas en varias regiones. Sin embargo, reconoció que los problemas de seguridad son complejos y requieren un compromiso a largo plazo.
Romero concluyó haciendo un llamado a priorizar la seguridad en la agenda política nacional, con una visión de largo plazo que incluya liderazgo, presupuesto adecuado y estrategias de inteligencia sólidas, esenciales para garantizar la tranquilidad de la población.
