La Comisión de Trabajo del Congreso de la República analizará este 26 de noviembre un polémico proyecto de ley presentado por el congresista Jorge Flores Ancachi.
La iniciativa propone que la colegiatura profesional sea un requisito indispensable para trabajar en el sector público, privado e incluso en el ejercicio independiente. La medida ha generado críticas debido a las posibles trabas burocráticas y económicas que implicaría para miles de egresados.
El proyecto, que consta de cinco artículos y tres disposiciones finales, plantea además que los colegios profesionales emitan constancias de habilitación gratuitas dos veces al año y permite fraccionar cuotas atrasadas para facilitar la regularización de deudas.
¿QUÉ PROPONE LA LEY DE COLEGIATURA OBLIGATORIA?
El proyecto detalla que todos los egresados universitarios en Perú deberán estar colegiados y mantener habilitaciones profesionales vigentes para ejercer legalmente. Los colegios profesionales estarían obligados a expedir estas constancias sin costo hasta dos veces al año, buscando evitar barreras económicas para los trabajadores.
Otro aspecto clave es la posibilidad de fraccionar deudas colegiales acumuladas por más de tres años, con el objetivo de que los profesionales puedan acceder al mercado laboral sin mayores impedimentos. Además, la normativa modificaría la Ley Orgánica de Municipalidades, obligando a presentar habilitaciones actualizadas para la apertura de negocios.
POLÉMICA Y REACCIONES ANTE LA PROPUESTA
Si bien algunos colegios profesionales respaldan la iniciativa por fomentar la formalidad, varios han manifestado su preocupación por la sostenibilidad económica de sus instituciones. Consideran que entregar habilitaciones gratuitas cada dos años afectaría gravemente sus fondos, y solicitan que se reformule el artículo 3 del proyecto.
Por otro lado, el Ministerio de Educación evitó pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto, argumentando que no es competencia directa de la entidad. Sin embargo, el predictamen señala que la implementación de esta medida podría requerir ajustes administrativos significativos en varias instituciones públicas.
