El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, ha presentado una propuesta ante el Congreso que busca reformar la Constitución para permitir el levantamiento del secreto bancario, de las comunicaciones y telecomunicaciones de los acusados de delitos graves como extorsión y sicariato.
Esta medida, según Acuña, facilitaría el trabajo de la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Sin embargo, su iniciativa llega en un contexto de críticas por su gestión en una región que atraviesa una grave crisis de seguridad.
Una propuesta para combatir la criminalidad
Según el anuncio publicado en las redes oficiales del Gobierno Regional de La Libertad, la propuesta constitucional apunta a fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada. “Es una reforma clave para combatir la criminalidad”, afirmó Acuña en su mensaje. La medida permitiría un acceso más rápido a información financiera y de comunicaciones de los involucrados en delitos graves, facilitando la labor de las autoridades.
No obstante, este anuncio ha sido interpretado por algunos analistas como un movimiento político más que como una solución inmediata para la crisis en La Libertad, región que enfrenta altos índices de criminalidad y permanece en estado de emergencia desde febrero de este año.
Cuestionamientos a su gestión y viajes al extranjero
Mientras impulsa esta reforma, César Acuña ha sido objeto de críticas por su baja ejecución presupuestal y sus frecuentes viajes fuera de la región. A finales de octubre, La Libertad solo había ejecutado el 53.7% de su presupuesto destinado a obras, lo que ha generado descontento entre los ciudadanos.
Acuña también ha sido cuestionado por sus viajes internacionales, entre ellos a México y Dubái, en medio del estado de emergencia en tres provincias de La Libertad (Trujillo, Virú y Pataz). En respuesta, el gobernador defendió sus salidas argumentando que tiene derecho a descansar, aunque aseguró que divide sus vacaciones en tramos para no abandonar la región por completo.
