Los coroneles Harvey Colchado, Walter Lozano y el capitán Junior Izquierdo Yarlequé, conocidos por participar en investigaciones contra figuras del poder, incluida la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior Juan José Santiváñez, se encuentra en una lista preliminar de 750 oficiales de la policía que serían retirados.
¿ABUSO DE AUTORIDAD?
José Carlos Mejía Chávez, abogado de Yarlequé, calificó esta medida como "una venganza", argumentando que es inconstitucional y violatoria de derechos humanos. Según Mejía, de concretarse el retiro, el Ejecutivo estaría incurriendo en abuso de autoridad.
Miguel Pérez, abogado de Colchado, consideró que el retiro de estos agentes perjudicaría la seguridad ciudadana, sugiriendo que se trata de represalias por su implicación en operativos previos, como el allanamiento de la casa de la presidenta en marzo.
Ante este contexto, Colchado solicitó medidas cautelares a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, mientras que el equipo legal de Izquierdo Yarlequé evalúa acudir a instancias supranacionales para proteger la carrera de su defendido.
