El Ministerio Público ha solicitado una condena de ocho años de prisión para el excongresista y expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, por presuntamente apropiarse de fondos del Poder Legislativo. Este pedido se realizó durante la audiencia de instalación del juicio oral, realizada en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia.
Según el fiscal Luis Felipe Zapata, el pedido también incluye una multa de 360 días de multa, equivalente a 71,699 soles, además de una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos en la función pública.
Salaverry es investigado por el delito de peculado doloso, por apropiación en agravio del Estado, debido a una serie de presuntos actos ilícitos en el manejo de fondos públicos asignados a la Semana de Representación Parlamentaria.
El excongresista, quien fue elegido como parte de Fuerza Popular en 2016 y asumió la presidencia del Congreso en julio de 2018, es señalado por supuestamente haber entregado informes de actividades que nunca realizó para justificar los gastos públicos recibidos entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.
INVESTIGACIÓN Y ANTECEDENTES
La investigación contra Daniel Salaverry se originó tras la difusión de reportajes periodísticos en los que se revelaban posibles irregularidades en el uso de fondos públicos. Según las indagaciones, el excongresista habría presentado documentos apócrifos para sustentar los desembolsos destinados a la Semana de Representación, lo que derivó en denuncias constitucionales y en la posterior acción penal por parte de la Fiscalía.
Esta acusación se enmarca en un contexto de mayor supervisión sobre el uso de los recursos del Estado por parte de funcionarios públicos, particularmente en los fondos asignados a actividades de representación parlamentaria, que están destinados a fortalecer el vínculo entre los legisladores y la ciudadanía en sus regiones.
JUICIO Y PRÓXIMAS ACCIONES
Durante la audiencia de instalación del juicio oral, el fiscal encargado expuso las pruebas que sustentan la acusación, entre las cuales se destacan testimonios, documentos y evidencias sobre los gastos de representación. Se espera que en el transcurso del juicio se determinen los niveles de responsabilidad y se analicen los informes presentados por Salaverry, los cuales, de acuerdo con la Fiscalía, corresponden a actividades que nunca se realizaron.
