El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, declaró que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentará una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 32130.
Esta norma, promulgada recientemente por el Ejecutivo, otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de las investigaciones preliminares de los delitos, lo que, según el Ministerio Público, afecta directamente sus funciones constitucionales.
Chávez Cotrina destacó que la ley es contradictoria y difícil de aplicar, además de que vulnera la separación de competencias establecida en la Constitución, lo que ha motivado la decisión de presentar la demanda ante el Tribunal Constitucional (TC).
El fiscal Chávez Cotrina explicó que la ley presenta inconsistencias, ya que por un lado otorga a la PNP la facultad de iniciar investigaciones, pero también establece que el Ministerio Público debe dirigirlas. Esto genera un conflicto operativo que podría terminar invalidando las investigaciones realizadas por la Policía.
Chávez Cotrina añadió que la falta de infraestructura adecuada, como laboratorios de criminalística, y la falta de personal capacitado, hacen que la norma sea inoperativa en la práctica.
Afirmó que la PNP no tiene la capacidad logística para manejar las miles de investigaciones preliminares que se trasladarían desde la Fiscalía, lo que afectaría gravemente la lucha contra el crimen en el país.
IMPACTO NEGATIVO EN LA INVESTIGACIÓN
El magistrado advirtió que, sin una dirección clara del fiscal, las investigaciones realizadas por la Policía podrían ser desestimadas por los jueces, ya que no cumplirían con los requisitos legales. Esto podría llevar a la anulación de pruebas y la caída de los casos judiciales, afectando directamente a la población y a los esfuerzos por combatir el crimen organizado y otros delitos graves.
Chávez Cotrina insistió en que la ley debe ser modificada para asegurar que las investigaciones criminales cuenten con una base legal sólida y que las funciones de la PNP y el Ministerio Público se mantengan dentro de los marcos constitucionales.
