El ministro de Justicia, Eduardo Arana, sostuvo que la entrada en vigencia de ley que regula los crímenes de lesa humanidad "ya es un hecho consumado" y que el Gobierno se mantendrá al margen de las anunciadas acciones de otras instituciones, como el Ministerio Público, contra dicha medida.
"Ya es un hecho consumado, la ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla. El Ejecutivo no aplica esta norma, no es una norma en la que el Ejecutivo tenga que aplicarla. Corresponderá a los jueces y fiscales disponer, desde su perspectiva, si aplica control difuso, control de convencionalidad o una acción que el Tribunal tenga que resolver", dijo a la prensa,
Adicionalmente, destacó que dicha ley no fue promulgada por el Gobierno, sino por “orden del Congreso de la República”.
"Respetamos profundamente las posiciones que, institucionalmente las entidades, como la Conferencia Episcopal (Peruana) o el Ministerio Público, puedan tener respecto al contenido, vigencia y alcance de la ley. Y siendo respetuosos, también consideramos que los mecanismos constitucionales (de los) que se puedan disponer en contra de esta ley, ya corresponde a ellos hacerlo", agregó.
EJECUTIVO SOBRE LA LEY
El pasado 9 de agosto, el Congreso promulgó la Ley 32107, que señala que nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional.
“Desde el Gobierno nosotros vamos a tener que estar al margen de esto, porque seguramente va a ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad donde le corresponderá al Congreso responder desde su procuraduría los inconvenientes o aquellos aspectos que desde estas instituciones consideren que no son aplicables”, indicó en conferencia de prensa, luego del Consejo de Ministros.
