El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la carta de respuesta que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a la mandataria Dina Boluarte y al extitular del Congreso, Alejandro Soto. En dicha misiva, el organismo internacional exige al Gobierno peruano garantizar la justicia a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta en relación con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad.
"Nosotros no reconocemos que ninguna autoridad supranacional pueda darle órdenes a los poderes del estado para que actúe en uno o en otro sentido (...) Nosotros entendemos que no hay ningún mandato que cumplir, sino que todos los mandatos los estamos cumpliendo a cabalidad", dijo el premier a la prensa, según Canal N.
Adicionalmente, el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que el plazo para responder a la Corte IDH sobre dicho tema vence el siguiente 9 de agosto y las “autoridades competentes” están trabajando en ello.
LEY QUE LIMITA ALCANCES DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Adrianzén indicó que el Gobierno decidió no observar la ley sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad después de un amplio debate en el Gabinete y que, "le corresponde al Congreso promulgarla".
“La controversia radica en que lo señalado en el Estatuto de Roma y la Convención sobre imprescriptibilidad de los de crímenes de guerra y de lesa humanidad son aplicables al Perú solo después de la publicación de la ley. Así que desde el punto de vista de aplicación inmediata de la ley penal no es cierto que la mencionada ley promueva la impunidad, nada más lejano”, explicó el premier, quien asegura que dicha norma no afecta a personas que han sido víctimas de estos delitos.
“Nosotros no creemos que con esta ley de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra se esté pretendiendo afectar en modo alguno el derecho de las víctimas. Las víctimas tienen ya una sentencia en la corte y esta sentencia se encuentra en etapa de ejecución y todos los involucrados con estos crímenes están siendo juzgados o ya fueron juzgados. En consecuencia, corresponde verificar o supervisar que se estén cumpliendo”, agregó.
