En una reciente conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, declaró que tras un profundo debate interno, el Gobierno ha decidido no observar la ley de lesa humanidad propuesta por el Congreso.
Esta decisión significa que será el propio Legislativo el encargado de promulgar la ley, asumiendo así la responsabilidad sobre sus posibles efectos y aplicación. Adrianzén enfatizó que la medida fue tomada para respetar los procesos legislativos y garantizar que las decisiones sobre legislaciones tan críticas se tomen en el ámbito más apropiado.
La controversia principal respecto a esta ley estuvo centrada en su alineación con el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Delitos de Guerra y Lesa Humanidad, según el premier.
El Gobierno asegura que la ley no promueve la impunidad y está en conformidad con los compromisos internacionales adquiridos por Perú desde su adhesión al Estatuto de Roma en 2002.
"No es cierto que promueva impunidad", recalcó Adrianzén, subrayando que la adhesión previa a estos estatutos internacionales garantiza que la nueva ley no vulnere acuerdos globales preexistentes.
Adrianzén también señaló que, una vez promulgada la ley por el Congreso, su aplicación dependerá del análisis y la interpretación que cada juez haga respecto a su conformidad con la Constitución.
Esta flexibilidad en la aplicación subraya la autonomía del poder judicial y la importancia del control difuso de la constitucionalidad por parte de los magistrados, garantizando así que las disposiciones se apliquen de manera justa y adecuada a cada caso particular.
