La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, respondió a la carta que enviaron en conjunto la mandataria Dina Boluarte y el titular del Congreso a inicios de julio. El organismo internacional exigió al Estado peruano que se garantice la justicia a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, haciendo referencia a la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad.
“Es pertinente destacar que el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone al Perú, en su calidad de Estado Parte, la obligación de cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluidas aquellas relativas a medidas provisionales. Conforme al derecho internacional, dicho cumplimiento debe llevarse a cabo de buena fe y es vinculante para el Estado en su totalidad, abarcando a todos sus poderes, órganos, instituciones y autoridades públicas. Asimismo, de acuerdo al derecho internacional no es posible alegar disposiciones de orden interno para cumplir con obligaciones internacionales", se lee en el documento.
Hernández López señala que está convencida con el Perú “encontrará la vía para cumplir con sus obligaciones internacionales, en particular, con lo ordenado por la Corte Interamericana en la referida Resolución de 1 de julio de 2024, con miras a que los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos ocurridas en los casos Barrios Altos y La Cantuta no queden en la impunidad”.
Finalmente, manifestó su total “apertura y plena disposición” a dialogar con las autoridades peruanas sobre el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y el respeto e importancia que tiene nuestro país “como parte del compromiso de los Estados americanos con la democracia y los derechos humanos”.
¿QUÉ DECÍA LA CARTA?
En la misiva enviada por Boluarte y Soto a la Corte IDH manifestaron su desacuerdo con la solicitud de este organismo internacional de no aprobar la ley contra crímenes de lesa humanidad, también conocida como 'ley Amnistía'.
"(...) Por esta razón, deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y el control de los poderes públicos. Pretendería más bien en constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar", se lee en el fragmento del documento, expuesto por el diario La República, en el que subrayan que Perú es un país soberano con sus propios mecanismos de control.
